¿Educación obligatoria hasta los 18 años?

Parece que se ha abierto el debate, no sé muy bien a instancias de quién, sobre la conveniencia de extender la educación obligatoria hasta los 18 años, ampliando en dos la edad actual. Como sólo se ha lanzado la propuesta a modo de globo sonda sin concretar ningún otro aspecto (táctica, por cierto, bastante habitual en las autoridades educativas desde hace tiempo) tampoco es posible realizar una crítica fundada de la propuesta hasta  saber exactamente cuáles son las características y condicionantes de la misma, aunque, en abstracto, sí se pueden adelantar algunas puntualizaciones:
1. Si nos atenemos a criterios exclusivamente pedagógicos, posiblemente fuera una medida acertada en el sentido que no parece descabellado pensar que un adolescente puede estar perfectamente formándose hasta los 18 años para incorporarse posteriormente a otros estudios o a la vida laboral con un bagaje intelectual más completo.
2. Si incorporamos los criterios sociales a la medida, habrá que convenir que se produciría un desfase entre la edad mínima para incorporarse al mercado laboral (16 años) y la fijada como de educación obligatoria. Si legislativamente sería un mero trámite el cambio de esa normativa legal, desde el punto de vista económico tendría más inconveniente al tener que incorporar al acuerdo a empresas y sindicatos por cuanto se está reduciendo el mercado de trabajo. En cualquier caso, algún mal pensado ya elucubrará con que esta es una medida para reducir las cifras del paro tan elevadas que ahora sufre España. Seguro que de todo hay.
3. Pero si incorporamos un tercer criterio, el de la realidad de las aulas en la actualidad, la medida parece ser un auténtico despropósito. Me explicaré: ya ahora nos encontramos con porcentajes elevados de población escolar a la que se le hace muy pesado completar la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, mostrando elevados niveles de desinterés desde bastante antes de cumplir esa edad. A quienes han lanzado la idea sólo les pediría el esfuerzo de recabar datos sobre los porcentajes de abandono escolar a los 14 o 15 años, no ya de las cifras oficiales (legalmente, los padres de esos alumnos deberían ser perseguidos) sino de los que acuden, esporádicamente, a los centros pero su interés y el consiguiente rendimiento son ínfimos.
4. Creo, en definitiva, que la medida sólo podría tener sentido si se acompaña de una reorganización del sistema educativo en el sentido de darle más importancia y dotación económica a otras enseñanzas prácticas (ahora mismo, lo que llamamos ciclos formativos) pero con la idea de una extensión geográfica universal. En Cantabria las poblaciones de tamaño medio carecen de una verdadera y diversificada oferta educativa en ciclos formativos, concentrada casi exclusivamente en Santander y su hinterland y en Torrelavega. Los alumnos de esas localidades también tienen derecho a que en su comarca (o cercanías) existan otras enseñanzas quizás para ellos más motivantes y que pudieran despertar su interés. Sólo así estarían, posiblemente, dispuestos a permanecer en el sistema educativo hasta los 18 años. De lo contrario, para muchos no será sino prolongar el aburrimiento y la sensación de estar perdiendo el tiempo.